↑Las Cortes y, en consecuencia, el Congreso de los Diputados adoptaron su forma jurídica actual con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, pero la existencia de un poder legislativo nacional es bastante anterior a esta fecha. La determinación de la fecha de establecimiento del poder legislativo puede retrotraerse a distintos momentos de la historia de España según el criterio histórico o legal utilizado.
↑En las circunscripciones de Ceuta y Melilla, distritos uninominales, el escrutinio es en la práctica mayoritario.
Ejerce junto con el Senado el poder legislativo de la nación. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (350 actuales, según LOREG), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley (art. 68.1 CE). Las elecciones se celebran ordinariamente cada cuatro años, o antes, en caso de elecciones, tras una disolución anticipada de las Cámaras. Los miembros del Congreso de los Diputados se eligen mediante representación proporcional con listas cerradas en cada circunscripción electoral provincial con arreglo al sistema D'Hondt.
Los diputados del Congreso se dividen en Grupos Parlamentarios, que en la práctica se corresponden a los partidos políticos, salvo el Grupo Mixto, que reúne a los partidos que no reúnen los requisitos para constituir Grupo Parlamentario propio. El Grupo Parlamentario con más diputados es el PP (137 diputados), y hay trece partidos políticos con representación parlamentaria.
El Congreso se reúne en el Palacio de las Cortes, ubicado en la plaza de las Cortes de Madrid.[6] A lo largo del año, el Congreso se reúne ordinariamente de septiembre a diciembre y de febrero a junio, aunque pueden celebrarse y se celebran sesiones extraordinarias a lo largo de todo el año.
Existen 52 circunscripciones electorales plurinominales para el Congreso de los Diputados, que se corresponden con cada una de las cincuenta provincias españolas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.[11] Según la ley electoral española, cada provincia tiene garantizado un mínimo de partida de dos escaños. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen uno cada una de ellas. De esta forma, quedan ya asignados 102 escaños. Los otros 248 diputados se asignan de forma proporcional a la población de derecho. Este reparto es diferente en cada elección y se concreta en el real decreto de convocatoria de las elecciones.[12] Con ello, en las elecciones generales de 2023 se registró en la Península un rango desde 2 diputados, en la provincia de Soria, hasta 37, en la de Madrid.[13]
Tras las elecciones generales, se asignan los escaños a las listas electorales en cada circunscripción. Para ese reparto se usa el sistema D'Hondt en cada circunscripción por separado. Dicho sistema garantiza que ningún candidato electo haya obtenido menos votos que un candidato no electo en esa circunscripción. Además, existe un umbral electoral del 3 %, es decir, un partido necesita obtener al menos el 3 % de los votos válidos emitidos en la circunscripción para optar al reparto de escaños.[14] Este último punto solo se aplicaría matemáticamente en provincias con al menos 24 diputados asignados, condición que actualmente solo cumplen Madrid y Barcelona. En todo el periodo democrático esta cláusula de exclusión solo se ha aplicado una vez, en 1993, con el Centro Democrático y Social, que había obtenido un 2,99 % de votos emitidos en la provincia de Madrid y al que le habría correspondido un diputado si no hubiera existido el umbral electoral.
En marzo de 2011 se reformó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de tal manera que los partidos sin representación en el Congreso y Senado deben recoger firmas de electores que avalen sus candidaturas para poder presentarse a las elecciones generales (Congreso y Senado), aparte de los requisitos generales. Se necesitan el 0,1 % de firmas del censo electoral de cada circunscripción. Cada ciudadano solo puede firmar para una candidatura. La Junta Electoral determinará los detalles de la recogida de firma.[15]
Bajo este sistema de reparto de escaños, las provincias poco pobladas están sobrerrepresentadas porque se les asignan más escaños que los que recibirían si los escaños se repartieran estrictamente en proporción a la población de cada provincia. Del mismo modo, las provincias muy pobladas están infrarrepresentadas.[16]
El sistema también tiende a favorecer a los partidos políticos grandes.[17] A pesar del uso de un sistema de representación proporcional, que en general facilita la aparición de muchos pequeños partidos en vez de pocos grandes partidos, el sistema de elección del Congreso de los Diputados favorece en la práctica la creación de un sistema bipartidista.
Mandato
El mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la cámara, que puede tener lugar conjunta o separadamente de la disolución del Senado; el derecho de disolución corresponde al rey de España, que lo ejerce a petición del presidente del Gobierno, tras deliberación del Consejo de Ministros, y bajo la exclusiva responsabilidad de este. También se disuelve la cámara de forma automática en caso de legislatura fallida, dos meses después de una sesión de investidura fallida, en este caso el rey disuelve la cámara con el refrendo del presidente del Congreso.
Durante su mandato, los diputados cuentan con una serie de garantías y privilegios para la realización de sus funciones, según se establece en el artículo 71 de la Constitución.
Órganos del Congreso
En ejercicio de la autonomía que la Constitución reconoce al Congreso de los Diputados, la cámara se rige por el Reglamento establecido por ella en 1982 y que configura una serie de órganos de gobierno para ejercer las competencias correspondientes.
Distribución de asientos en el Congreso de los Diputados. Localización de la Mesa, el Gobierno y los grupos parlamentarios.
Los órganos de trabajo del Congreso de los Diputados son el Pleno, las Comisiones, la Diputación Permanente y los Grupos Parlamentarios.
El Pleno es el órgano central del Congreso de los Diputados, a través del cual la cámara ejerce su voluntad. Ni la Constitución española ni los reglamentos del Congreso y del Senado exigen cuórum para la válida constitución del pleno, sin perjuicio del cuórum establecido para la adopción de acuerdos (artículo 78 del reglamento del Congreso y artículo 82 del reglamento del Senado).
Este órgano representa la unidad de la cámara y funciona a través de las sesiones plenarias que pueden ser de dos tipos: ordinarias y extraordinarias.
Las sesiones ordinarias son todas las realizadas en los dos periodos de sesiones: de septiembre a diciembre, y de febrero a junio. Se convocan a través de un calendario ya prefijado. Las sesiones extraordinarias son las convocadas a solicitud del presidente del Gobierno, de la diputación permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de la cámara. En ellas se presenta un orden del día determinado y la sesión se clausura cuando se tratan todos los puntos del orden del día.
Las Comisiones son órganos de trabajo básicos del Congreso. Están compuestas por un número proporcional de diputados en función de la importancia numérica de los diversos grupos parlamentarios en la cámara.[18] Las comisiones se clasifican en permanentes y no permanentes, legislativas y no legislativas.
Las Comisiones permanentes legislativas estudian y dictaminan los proyectos y proposiciones de ley.[19] El Pleno del Congreso puede conferirles competencia legislativa plena en relación con un asunto, con lo que pueden aprobar o rechazar definitivamente el proyecto o proposición de ley en cuestión.[20] El Reglamento del Congreso establece 17 Comisiones permanentes legislativas.[21] Las Comisiones permanentes no legislativas tienen funciones no relacionadas con la producción legislativa. El Reglamento del Congreso establece 3 Comisiones permanentes no legislativas y permite que el Pleno cree otras al inicio de cada legislatura.[22] En la x legislatura existieron 8 Comisiones permanentes no legislativas.[23]
Las Comisiones no permanentes son aquellas creadas con un propósito específico y cuya temática y duración están fijadas de antemano por el Pleno del Congreso.[22] En la x legislatura existió una única Comisión no permanente.[23]
La Diputación Permanente es el órgano de continuidad que pretende que el poder legislativo esté permanentemente constituido. Su función es velar por los poderes de la cámara entre periodos de sesiones (enero, julio y agosto) o cuando su mandato ha terminado por expiración o disolución. En estos tres casos, la Diputación Permanente es una prolongación temporal de la cámara.[24] La Diputación Permanente está presidida por el presidente del Congreso. Está compuesta por un número proporcional de diputados en función de la importancia numérica de los diversos Grupos Parlamentarios. Debe estar compuesta como mínimo por 21 miembros.[25]
Los Grupos Parlamentarios son agrupaciones de miembros de las cámaras que se unen en función de su afinidad ideológica o pertenencia a un mismo partido político. El Reglamento del Congreso establece un mínimo de 15 diputados para poder formar un grupo parlamentario. Sin embargo, también permite que pueda formarse un grupo parlamentario con formaciones políticas con un número no inferior a cinco diputados y que represente al 15 % de los votos emitidos en la circunscripción que se hubiesen presentado o bien al 5 % del conjunto nacional.[26] La constitución de los grupos parlamentarios se realiza al comienzo de cada legislatura.[27] Los diputados que no se inscriben como miembros de ningún grupo parlamentario pasan a formar parte del Grupo Mixto.[28]
La Secretaría General es el órgano que engloba los distintos servicios administrativos y técnicos de la Cámara, desempeñados por funcionarios. Su carácter es profesional. Bajo la superior autoridad de la Mesa y del presidente, corresponde a la Secretaría General ofrecer a los órganos parlamentarios y a los diputados apoyo para el desarrollo de sus tareas. Más concretamente, presta su asesoramiento jurídico y técnico a dichos órganos, facilita distintas prestaciones y organiza los medios materiales y humanos precisos para que la Cámara pueda reunirse y ejercer sus funciones. Está dirigida por el secretario general, que es nombrado por la Mesa del Congreso a propuesta del presidente entre los Letrados de las Cortes Generales, con más de cinco años de servicios efectivos.[29]
Órganos de dirección y administración
El presidente del Congreso de los Diputados ostenta la representación de la cámara y es elegido por el Pleno para la totalidad de la legislatura. Preside todos los demás órganos colegiados del Congreso y las reuniones conjuntas de ambas cámaras de las Cortes Generales.
La Mesa del Congreso está integrada por el presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios elegidos por el Pleno en función de la importancia numérica de los diversos grupos parlamentarios, cuya función primordial es regir y ordenar el trabajo de todo el Congreso, siendo el órgano de gobierno interno.
La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados está integrada por el presidente y el portavoz de cada uno de los Grupos Parlamentarios, más un miembro del Gobierno, otro de la Mesa del Congreso, y el personal técnico necesario. La principal función de este órgano es la fijación del orden del día de las sesiones plenarias. De otra parte, debe ser consultada en diversas ocasiones, como la preparación del calendario y la ordenación de los trabajos, la fijación del número de miembros de las Comisiones, la creación de cierto tipo de estos últimos órganos o la ordenación de los debates, entre otras. Los acuerdos de la Junta de Portavoces se adoptan por voto ponderado, lo que supone que el voto de cada portavoz es equivalente al número de miembros del respectivo Grupo Parlamentario. Asimismo, acude a la Junta un representante del Gobierno,[30] el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.[31]
Funciones de la cámara
Escudo del Congreso de los Diputados de España.
El Congreso de los Diputados tiene atribuido por la Constitución el ejercicio de unas funciones determinadas, que pueden tener un carácter concurrente, dirimente o exclusivo:
Ejerce en concurrencia con el Senado la representación del pueblo español, la potestad legislativa, la función presupuestaria y el control de la acción del Gobierno.
Ejerce con carácter dirimente la potestad legislativa, en los casos en que el Senado introduzca enmiendas u oponga su veto a cualquier proyecto o proposición de Ley, debiendo en estos casos reafirmar el proyecto inicial a fin de que pueda ser enviado al rey para su sanción, pudiendo hacerlo por mayoría absoluta tras su reenvío por el Senado o por mayoría simple dos meses después de dicho reenvío.
Ejerce con exclusividad las funciones de otorgamiento y retirada de la confianza al Gobierno, de propuesta al rey, del nombramiento de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y de propuesta al rey del nombramiento de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Función política
El Congreso de los Diputados participa en la investidura del presidente del Gobierno de España. El rey se reúne con los representantes de los grupos políticos de esta cámara y propone a un candidato a presidente del Gobierno. El Congreso de los Diputados vota para otorgar su confianza al candidato propuesto. Para ello es necesario obtener mayoría absoluta de votos afirmativos en primera votación o, transcurridas cuarenta y ocho horas, mayoría simple.
También controla la acción del Gobierno mediante interpelaciones y preguntas, que cualquiera de sus miembros puede plantear al Gobierno y que pueden dar origen a una moción en la que la cámara manifieste su posición, así como adoptando una moción de censura o rechazando una cuestión de confianza que le pueda plantear el Gobierno, que en ambos casos se verá obligado a dimitir si la cámara vota desfavorablemente.
Las interpelaciones y preguntas a los miembros del Gobierno, en Pleno o en Comisión; las proposiciones no de ley, las mociones y las resoluciones que, de ser aprobadas, obligan al Gobierno.
La moción de censura, que es aquella que puede plantear una décima parte de los diputados y que en caso de ser aprobada supone la retirada de la confianza de la cámara en el Gobierno; la moción debe incluir el nombre de un candidato a la Presidencia del Gobierno, y en caso de ser adoptada, lo que únicamente puede tener lugar por el voto favorable de la mayoría absoluta de la cámara, aquel se entenderá investido y el rey procederá a nombrarlo presidente.
La cuestión de confianza, que es aquella en la que el presidente del Gobierno somete al Pleno del Congreso para comprobar el respaldo que le ofrece la cámara ante una iniciativa o una cuestión de política general; en caso de rechazo por el Pleno, el Gobierno deberá presentar su dimisión al rey.
El debate sobre el estado de la nación: no está reconocido en la Constitución ni por los reglamentos parlamentarios, pero se ha consolidado por la práctica. Es la explicación por parte del presidente del Gobierno de la política general; el Gobierno determina el momento a plantearse.
Después de intervenir el presidente intervienen los portavoces de los grupos parlamentarios, comenzando por el grupo mayoritario de la oposición y terminado por el grupo mixto, dependiendo la duración de la intervención del número de diputados.
Función legislativa
Ejemplar de la Constitución conservado en el Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados tiene la iniciativa legislativa, junto con el Senado y con el Gobierno (el cual ejerce la potestad legislativa de manera indirecta, y la diferencia es que las leyes del Gobierno se impulsan mediante un Proyecto de Ley). Además, puede recibir proposiciones de Ley remitidas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o por 500.000 ciudadanos mayores de edad (Iniciativa legislativa popular en España).
El Congreso tramita proyectos de Ley, es decir, iniciativas remitidas por el Gobierno, y proposiciones de Ley, esto es, iniciativas remitidas por el Senado u originadas en el propio Congreso. En todos los casos puede introducir enmiendas en los respectivos textos.
Además, el Congreso ratifica o rechaza las enmiendas introducidas en los proyectos y proposiciones de Ley y acepta o levanta el veto opuesto por el Senado, en ambos casos inmediatamente por mayoría absoluta o transcurridos dos meses por mayoría simple. No obstante, la aprobación de proyectos y proposiciones de Ley Orgánica requiere siempre el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
El Estamento de los Procuradores del Reino tenía carácter electivo y una composición que correspondía netamente a la representación de las Ciudades y Burgos con derecho de voto en las Cortes del Antiguo Régimen.
En la Constitución de 1837, aprobada como consecuencia del Motín de la Granja de San Ildefonso que forzó a la reina regente a sancionarla, se recogió por primera vez la denominación de «Congreso de los Diputados» para la Cámara Baja de las Cortes Generales.
En las sucesivas Constituciones de 1845, 1856, 1869 y 1876 preservaron la configuración del Congreso de los Diputados como una cámara de representación popular, que en algunos casos tuvo atribuida preeminencia sobre el Senado en materia de fuerzas armadas y de contribuciones y crédito público y control político a los miembros del Gobierno.
La Diputación Permanente, regulada en el Art. 57 del Reglamento del Congreso, se encarga de velar por los poderes de la Cámara cuando esta no esté reunida. Es convocada por la presidenta, a iniciativa propia o de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de sus miembros. Fuera de los periodos ordinarios de sesiones que establece la Constitución, la Diputación Permanente puede acordar la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno o de las Comisiones.
En los casos de disolución o expiración del mandato de las Cámaras, este órgano asume las facultades del Pleno para la convalidación o derogación de reales decretos leyes; y ejerce las competencias que la Constitución otorga al Congreso de los Diputados respecto de los estados de alarma, excepción y sitio.
La composición de este órgano fue acordada por la Mesa de la Cámara, decidiéndose, previa audiencia de la Junta de Portavoces y de conformidad con el Art. 56 del Reglamento, que esté integrada por 70 miembros con la siguiente distribución:
Presidenta, Vicepresidentes Primero y Segundo y Secretarios Primero y Segundo del Congreso de los Diputados
Grupo Parlamentario Popular: 25 miembros
Grupo Parlamentario Socialista: 23 miembros
Grupo Parlamentario Vox: 6 miembros
Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR: 6 miembros
Grupo Parlamentario Republicano: 1 miembro
Grupo Parlamentario Junts per Catalunya: 1 miembro
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): 1 miembro
Grupo Parlamentario EH Bildu: 1 miembro
Grupo Parlamentario Mixto: 1 miembro
Diputación Permanente del Congreso de los Diputados[33]
El 10 de noviembre de 2019 se celebraron elecciones generales anticipadas tras 7 meses desde las últimas generales. En la izquierda estatal, la suma del PSOE (120) y Unidas Podemos y confluencias (35) retrocedió 10 escaños, tras la pérdida de 3 escaños socialistas y 7 de los morados, dificultando la alianza. Por su parte, los resultados de Más País fueron mucho más modestos de los esperados, ya que únicamente consiguió dos diputados por Madrid (Íñigo Errejón y Marta Higueras), mientras que su alianza valenciana, Més Compromís, tuvo el mismo resultado que Compromís en solitario el 28A, resultando en un escaño para Joan Baldoví.
Por la derecha estatal, tras su peor resultado electoral en las elecciones anteriores de abril de 2019, el Partido Popular recuperó alrededor de un tercio de los escaños del Congreso que perdió y casi la mitad de los mismos escaños perdidos del Senado. Sin embargo, a pesar de subir de 66 a 89 escaños, el resultado fue el segundo más exiguo de la historia del PP. Por su parte, Ciudadanos experimentó una caída espectacular de apoyos, al perder 2,5 millones de votos, 47 escaños (de 57 a 10) en el Congreso y todos sus senadores electos. El partido que más subió, como la tercera fuerza política del país, fue el partido de extrema derecha Vox, que aumentó casi en un millón de votos, multiplicó sus escaños en el Congreso más del doble (de 24 a 52).
Respecto a los grupos regionalistas periféricos, la gran sorpresa fue la entrada por primera vez de la agrupación de electores Teruel Existe con un diputado, la primera entrada de la CUP-PR con dos diputados y la vuelta del BNG al Congreso con otro diputado, que no tenía representación desde las elecciones generales de 2011. En Cataluña, los partidos independentistas consiguieron un escaño más que en abril. La coalición de izquierdas ERC-Sobiranistes volvió a ganar, pero con un margen bastante más estrecho que en abril, ya que perdió casi 150 000 votos y bajó dos escaños, pasando de 15 a 13. Por primera vez, la CUP-PR, partido de izquierda radical, se presentó a unas elecciones generales y consiguió los dos escaños que perdió ERC-S y, por su lado, JxCAT aumentó sus apoyos al sumar casi 30 000 votos a sus resultados de abril y un diputado más (de 7 a 8 escaños).
En el País Vasco, EAJ-PNV, a pesar de perder 17 000 votos, aumentó su porcentaje y ganó un escaño respecto a abril en los resultados provisionales. Sin embargo, tras el voto CERA, el nuevo escaño del PNV saltó al PP y se quedó con los 6 diputados anteriores. El partido independentista de la izquierda abertzale, EH Bildu, ganó poco menos de 8000 votos y se colocó en tercera posición, detrás del PNV y PSE-EE, pasando de 4 a 5 diputados(diputados del País Vasco y de Navarra) y logrando grupo parlamentario propio por primera vez. En Navarra, hubo cambios respecto a las anteriores elecciones. La coalición de derechas Navarra Suma volvió a ganar, consiguiendo 2 diputados pero perdiendo casi 9000 votos. El PSN retrocedió un escaño, quedándose con uno, que fue en favor de EH Bildu, que consiguió el primer escaño de su historia en territorio navarro.
Por su parte, los regionalistas cántabros, PRC, revalidaron su escaño de abril y los nacionalistas canarios, CC-PNC-NCa, reafirmaron sus dos diputados. Sin embargo, en las elecciones de abril las dos diputadas eran de CC, al presentarse sin NCa, y en estas elecciones, tras la alianza con NCa, repitió la veterana diputada de CC, Ana Oramas, y un diputado de NCa, con la vuelta de Pedro Quevedo.
Grupos parlamentarios
De acuerdo con el Reglamento, las diferentes formaciones políticas que han obtenido representación tienen cinco días para solicitar la constitución de un grupo parlamentario propio. Tras la disolución del Congreso, el Grupo Parlamentario queda reducido a aquellos Diputados que son miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente.
Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
Las Comisiones son órganos de trabajo con una participación esencial en los procedimientos legislativos, con el estudio, enmienda y aprobación de proyectos y proposición de ley. También ejerce la función de orientación política, ya que tramita proposiciones no de ley y de control parlamentario, con la petición de información y comparecencia a miembros del Gobierno y de la Administración. Están compuestas por un número proporcional de diputados, en función de la importancia numérica de los diversos grupos parlamentarios en la cámara.[18] Las comisiones se clasifican en permanentes y no permanentes, legislativas y no legislativas.
Las Comisiones permanentes legislativas estudian y tramitan los proyectos y proposiciones de ley que les encomiende la Mesa del Congreso, de acuerdo con su respectiva competencia.[19] En el seno de la comisión, se crea un grupo reducido de diputados, la ponencia, que se encarga de revisar en primera lectura las iniciativas legislativas y, a la vista del texto y de las enmiendas al articulado, elabora un informe que se eleva a la comisión. En Comisión se debaten y votan el texto legislativo y las enmiendas y se aprueba un dictamen. Por regla general, el texto aprobado en Comisión, cuando no se trata de proyecto o proposición de ley orgánica ni se ha decidido expresamente que vaya a Pleno, continúa su tramitación en el Senado.
Las comisiones pueden pedir documentación o acordar la comparecencia de personas de la Administración, de expertos o de representantes de colectivos afectados o implicados en la materia sobre la que estén legislando para escuchar sus propuestas. Asimismo, deberán concluir la tramitación de cualquier asunto en un plazo máximo de dos meses. Constituyen una excepción aquellos casos en que la Constitución o este Reglamento impongan un plazo distinto y aquellos supuestos en los que la Mesa de la Cámara acuerde ampliarlo o reducirlo, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir.
Por lo que respecta a las funciones de control, las comisiones, por conducto de la presidenta del Congreso, podrán recabar la información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas. De igual forma, pueden solicitar la presencia ante ellas de los miembros del Gobierno para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos departamentos.
El Pleno del Congreso puede conferirles competencia legislativa plena en relación con un asunto, con lo que pueden aprobar o rechazar definitivamente el proyecto o proposición de ley en cuestión.[20] El Reglamento del Congreso establece 17 Comisiones permanentes legislativas.[21]
Las Comisiones permanentes no legislativas tienen funciones no relacionadas con la producción legislativa, son creadas con un propósito específico y su temática y duración están fijadas de antemano por el Pleno del Congreso.[22] . El Reglamento del Congreso establece 3 Comisiones permanentes no legislativas y permite que el Pleno cree otras al inicio de cada legislatura.[22]
Presidencia del Congreso de los Diputados
Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.
En 2016, el sueldo base de los 350 diputados es de 39 394,18euros brutos al año. A esta base se añaden una serie de indemnizaciones y complementos adicionales. Los presidentes de comisiones parlamentarias obtienen 20 034 euros extras al año. Si un diputado preside más de una comisión, la compensación es solo una. Los portavoces titulares de grupos parlamentarios obtienen 37 338 euros más al año, y los portavoces adjuntos 29 218 euros más. Además, los miembros de la Mesa del Congreso reciben beneficios extras en función de su cargo: el presidente del Congreso recibe 127 673 euros más al año, los vicepresidentes 40 992 euros más, y los secretarios 34 160 euros más. Existen también unas indemnizaciones por desplazamientos que cobran todos los diputados. Estas indemnizaciones por localización dependen de la circunscripción. Los diputados electos que son de fuera de Madrid cobran 25 534 euros más al año, y los de Madrid cobran 12 187 euros más al año.[36][37][38]
Así, en 2015 el diputado mejor pagado fue Jesús Posada, con un sueldo de 192 623 euros al año, al combinar el sueldo base, la indemnización por localización, la presidencia de una comisión y la presidencia del Congreso. Por otra parte, los diputados con un sueldo más bajo recibieron 51 582 euros al año, al combinar el sueldo base y la indemnización por localización en Madrid.[36]
El sueldo base y todas las compensaciones extraordinarias que reciben los diputados tributan a Hacienda, excepto las indemnizaciones por localización.[36] Los diputados están obligados a presentar una declaración de bienes y rentas al comienzo de la legislatura. Sin embargo, esta declaración no es contrastada con los datos de otros organismos del Estado, como Hacienda, ni tiene valor documental a efectos legales.[39]
Hasta 2011, los diputados podían optar al 80 % de la pensión de jubilación, habiendo servido durante siete años en el Congreso, y retirarse con la pensión máxima cotizando durante once años. Ese año se suprimieron esas peculiaridades y a partir de entonces los diputados tienen que cumplir los mismos requisitos que un trabajador normal. No obstante, los que eran beneficiarios de las mismas hasta ese momento siguieron recibiéndolas.[40]
Finalmente, el Congreso de los Diputados destina anualmente casi 1,2 millones de euros a subvencionar que los precios del bar y del restaurante de la Cámara se sitúen por debajo del mercado.[41]
Reglamento sobre el uso de otras lenguas
El Reglamento del Congreso de los Diputados[42], de 10 de febrero de 1982, sigue vigente desde su aprobación, habiendo sido objeto de quince reformas parciales. Respecto al idioma de expresión escrita y oral, dicho Reglamento no hace alusión a la lengua oficial (castellano) ni cooficiales (catalán-valenciano, euskera, gallego), tanto para su uso como para su prohibición. Sin embargo, en referencia al Título preliminar, Art. 3.1, de la Constitución Española, que recoge el castellano como lengua oficial, este se usa dentro del hemiciclo y de su actividad parlamentaria, permitiendo únicamente el saludo y agradecimiento en lenguas cooficiales en el ejercicio de las intervenciones de las y los diputados.
Es uso exclusivo del castellano en el hemiciclo ha sido objeto de debate durante muchos años, debido al reconocimiento de la cooficialidad de más lenguas en sus respectivas Comunidades Autónomas (Art. 3.2 CE), de la «riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España como patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección» (Art. 3.3 CE) y al preámbulo de la carta magna, donde se proclama la voluntad de proteger las lenguas de todos los españoles y pueblos de España. Esta disconformidad ha sido encabezada por múltiples formaciones políticas regionalistas, autonomistas o nacionalistas, principalmente de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Galicia, y Aragón.
Esta situación de exclusividad del castellano, ha dado lugar a desavenencias entre diputados y la Presidencia del Congreso de los Diputados, cuando dichos parlamentarios han desarrollado parte de sus intervenciones en lenguas cooficiales, a pesar del no consentimiento de su uso. Dentro de las funciones de la Presidencia del Congreso de los Diputados, en múltiples ocasiones han sido llamados al orden por ello, llegando a casos de expulsión de la tribuna[43] y del turno de palabra[44].
Sin embargo, el 6 de septiembre de 2023, se registró una reforma parcial del Reglamento del Congreso de los Diputados[45], impulsada por los Grupos Parlamentarios Socialista (PSOE), Plurinacional Sumar, Euskal Herria Bildu (EH Bildu) Republicano (ERC), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto (BNG), para posibilitar el uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego y valenciano).
El 13 de septiembre, la Mesa del Congreso acordó tomar la propuesta de reforma en consideración para votación en pleno. Esta consistió en la creación del Art. 6.3 y modificación del Art. 60 (Ap. 1), Art. 70 (Ap. 2), Art. 92 (Ap.1), Art. 96 y Art. 97 (Ap. 1), levantando el veto anterior y permitiendo el uso de estas lenguas cooficiales en los debates del pleno, de la Diputación Permanente y comisiones sin carácter secreto, en la presentación de escritos en el registro, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) y en los diarios de sesiones[46].
La primera sesión plenaria en la que se pudo hacer uso de estas lenguas cooficiales fue la del 19 de septiembre de 2023, de la XV legislatura, tras aprobarse dicha reforma con 180 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC) y 170 votos en contra (PP, Vox y UPN)[47]. Para ello, el Congreso de los Diputados puso a disposición servicios de traducción e interpretación simultánea para todas las lenguas, entregando sistemas con auriculares a todo el hemiciclo para recibir dicha traducción simultánea, al igual que se realiza en el Senado de España o en otras instituciones supranacionales, como el Parlamento Europeo.
De esta forma, los diputados ya pueden expresarse por escrito y oralmente en la lengua que deseen, pudiendo ser la oficial, cooficial o ambas.
Colomer, Josep M. (2004). «Spain: from Civil War to Proportional Representation». En Colomer, Josep M., ed. The Handbook of Electoral System Choice(en inglés). Nueva York: Palgrave Macmillan. ISBN978-1-4039-0454-6.
Congreso de los Diputados (2016). «Comisiones de la X legislatura». Página web del Congreso de los Diputados. Consultado el 5 de agosto de 2016.
Cortes Generales (27 de diciembre de 1978). «Constitución Española». Boletín Oficial del Estado (núm. 311, de 29 de diciembre de 1978). ISSN0212-033X. BOE-A-1978-31229. Texto consolidado. Última modificación: 27 de septiembre de 2011.
España
Francina Armengol
José Antonio Bermúdez de Castro
Esther Gil de Reboleño
.svg)
.png)
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.png){kind=small}
.svg){kind=small}
.png){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.png){kind=logo}
.svg){kind=small}
.svg){kind=small}
.jpg)
_Logo_(1993-2000).svg){kind=logo}
_Logo_(2000-2007).svg){kind=logo}
_Logo_(2008-2015).svg){kind=logo}
_Logo.svg){kind=logo}
