Memoria Activa^[1]​ es una asociación civil sin fines de lucro argentina, creada con el fin de esclarecer las responsabilidades de los atentados terroristas a la embajada de Israel (en marzo de 1992) y el de la AMIA (en julio de 1994).

Esta organización forma una querella independiente tanto en la causa principal por el atentado a la AMIA como en la causa por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado, la llamado juicio por encubrimiento. El juicio por encubrimiento comenzó en agosto del 2015 y continuó hasta 2019, donde fueron juzgados 13 imputados ante el Tribunal Oral Federal 2 en Comodoro Py, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Conformación

La Asociación está formada por familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA y se caracteriza por haber tenido siempre una postura independiente de la dirigencia comunitaria judía y haber hecho públicas sus denuncias sobre las irregularidades cometidas durante la investigación. Durante años se manifestó todos los lunes frente al Palacio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por el esclarecimiento y la justicia de este crimen. Tiene el copatrocinio letrado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), del CEJIL (Centro por el Derecho y la Justicia Internacional), Human Rights Watch/Americas y del Dr. Alberto Luis Zuppi,^[2]​ aparte de haber contado cada lunes y cada acto aniversario, con innumerables invitados de destacado compromiso con los derechos humanos que van a prestarle su apoyo.

Estructura del acto semanal

Cada acto de Memoria Activa comienza con el sonido del shofár, que es un instrumento musical judío que se utiliza actualmente en la liturgia. Después, un familiar de víctimas y algunos invitados leen un discurso. Este acto dejó de realizarse tras el juicio oral por el atentado llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal 3 entre 2001 y 2004.

Denuncia al Estado argentino

Los peticionarios denunciaron al Estado argentino por la violación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ―de la cual Argentina forma parte desde septiembre de 1984― en perjuicio de 85 personas asesinadas en el atentado terrorista y de más de 300 personas heridas, víctimas del atentado a la sede de la AMIA.^[3]​

Memoria Activa realizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación del derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas, así como por obstaculizar la consecución de la justicia con los siguientes términos:^[4]​

Ante esta denuncia, el Estado argentino se declaró culpable por el atentado y por no haber garantizado la seguridad ni la justicia a las víctimas, sus familiares y la sociedad toda. Además, asumió una serie de compromisos todos enumerados en el Decreto 812 del año 2005.

En primer lugar, al Estado argentino por violar el derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas, derechos consagrados en el artículo I (derecho a la vida y a la integridad) de la Declaración Americana y el art. 4 y 5 (derechos a la vida y a la integridad física, respectivamente) de la Convención Americana. Asimismo, en segundo lugar, por la violación de los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener justicia por parte de los tribunales locales, consagrados en el artículo XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana y en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana; todos ellos en relación con el artículo 1.1 de la Convención.

Causa AMIA

La causa que investiga el atentado a la AMIA, en sus comienzos estuvo a cargo del exjuez Juan José Galeano en el Juzgado Federal N.º 9. Los fiscales eran Eamon Mullen y José Barbaccia. La causa fue elevada a juicio oral con Carlos Telleldín (último poseedor de la Trafic) y un grupo de policías bonaerenses como imputados. El juicio oral se desarrolló entre 2001 y 2004 frente al Tribunal Oral Federal N.º 3 (jueces Gordo, Pons y Larrambebere). En el mismo salieron a la luz las irregularidades cometidas por el juez Galeano, los fiscales, policías y agentes de la SIDE.

En su sentencia, el Tribunal absolvió a los acusados, declaró nula la causa y ordenó investigar el encubrimiento.

El exjuez Juan José Galeano fue destituido en 2005 por su actuación en ese expediente.

La causa por el atentado pasó a manos del juez Rodolfo Canicoba Corral a cargo del juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6.

Juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA

Tras la sentencia del Tribunal Oral Federal 3, la causa pasó por varios jueces que no investigaron el encubrimiento como Claudio Bonadío. Luego pasó al juez Ariel Lijo, en el Juzgado Federal N.º 4 y ha sido elevada a juicio oral. Desde el 6 de agosto de 2015 que se llevó a cabo el juicio por irregularidades ante el Tribunal Oral Federal 2 con los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.

Los 13 imputados fueron: Juan José Galeano, exjuez instructor de la causa; los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy y los exagentes Patricio Finnen y Juan Anchezar; el ex comisario Jorge "Fino" Palacios y el expolicía Carlos Castañeda; el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja; el expresidente de la Nación Carlos Menem; el último poseedor conocido de la Trafic que habría explotado en la AMIA Carlos Telleldín, su esposa Ana Boragni y su exabogado Víctor Stinfale.

Víctimas