Durante el siglo xix y hasta 1931 era conocido como Patrimonio de la Corona, antes de pasar a denominarse, durante la Segunda República, Patrimonio de la República. Actualmente, dichos bienes son de titularidad estatal; tanto su mantenimiento como las nóminas del personal al servicio de su conservación corren a cargo de las arcas públicas. La Casa de Su Majestad el Rey puede disponer de ellos como residencia o bien para actos de Estado y ceremonias oficiales.
El Patrimonio Nacional no debe ser confundido con el patrimonio histórico-nacional (desde 1985 denominado histórico-artístico), que comprende todo el patrimonio de España que por su valor histórico o artístico debe ser protegido. Tampoco con los Reales Sitios; con este nombre se designaban en la Edad Moderna y Contemporánea las propiedades de la Corona utilizadas como lugar de recreo o como residencia estacional por los monarcas españoles y donde también se localizaban instalaciones de servicio para la corte. No todos los antiguos Reales Sitios son administrados por Patrimonio Nacional (como el Buen Retiro o La Isabela) ni todas las propiedades de este organismo fueron Reales Sitios (como La Mareta).
Patrimonio Nacional como organismo público tiene su origen en dos leyes (15 de junio de 1939 y 7 de marzo de 1940[6]) promulgadas por el general Franco al final de la Guerra Civil. En dichas leyes se regía el funcionamiento del antiguo Patrimonio de la República (Patrimonio de la Corona antes de 1931), que mantenía gran parte de la estructura de 1932 pero cambiaba el nombre por Patrimonio Nacional, eliminando, por lo tanto, cualquier referencia monárquica o republicana. Con el nuevo nombre, parece que nadie cayó en la cuenta de la posible confusión que podría haber con el patrimonio histórico-nacional. A la nueva institución se incorporaban, además, los conventos y monasterios de patronato real segregados en 1932.[7]
La nueva institución se encontraba regida por un "Consejo de régimen autónomo" elegido por el jefe del Estado y compuesto por un presidente y seis vocales, de los cuales uno servía de consejero delegado y gerente, otro de interventor y los cuatro restantes eran especialistas en "bellas artes, arquitectura, agricultura y montes".[6] Varios de estos cargos fueron ocupados por importantes personalidades del régimen franquista, el almirante Carrero Blanco fue presidente del consejo desde 1941 hasta su muerte en 1973,[8] el general Fuertes de Villavicencio ocupó el puesto de gerente desde 1963 hasta su cese en 1981,[9] y el marqués de Lozoya fue consejero de bellas artes desde julio de 1939.[10]
Desde 1982
El marco jurídico que actualmente rige esta entidad está recogido en la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional[3] y en el Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.[11][12]
A su cabeza está, de nuevo, un Consejo de Administración compuesto por su presidente (nombrado por el Rey, con el refrendo del presidente del Gobierno), el gerente y al menos trece vocales, profesionales de reconocido prestigio, de los cuales dos, al menos, deberán de provenir de instituciones museísticas y culturales de reconocido prestigio y proyección internacional. Igualmente, en dos de los Vocales, al menos, habrá de concurrir la condición de Alcaldes de Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional.[13][14] Desde 1982, ha habido nueve presidentes del Consejo de Administración.
Inmediatamente por debajo del Consejo de Administración se sitúa el consejero gerente, que administra las dos ramas principales del organismo: direcciones (administración y medios, Colecciones Reales, inmuebles y medio natural y actos oficiales y culturales) y delegaciones (El Pardo, San Ildefonso, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, San Jerónimo de Yuste y Reales Patronatos).[15]
Bienes administrados por Patrimonio Nacional
Según la ley reguladora del Patrimonio Nacional de 1982, los bienes gestionados por la institución son:[3]
Cabe señalar que algunas residencias utilizadas en tiempos recientes o que aún utilizan los reyes de España no están administradas por el Patrimonio Nacional, sino que dependen de administraciones locales. Son las siguientes:
El Real Alcázar de Sevilla, residencia oficial del rey en Andalucía, que está a cargo del Real Patronato del Alcázar de Sevilla.
De ellos, solo el primero está abierto al público.
Fuentes de ingresos
La institución se financia en gran parte mediante partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, que suponen un poco más de la mitad de sus ingresos, el resto proviene de tasas, ventas de entradas o ingresos patrimoniales. En los Presupuestos Generales de 2022 se le otorgaron 127 millones de euros,[23] mientras que en 2023 la cifra fue de 148,7 millones.[24][25]
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