Ana Estrada (20 de noviembre de 1976) es una psicóloga peruana y activista por la eutanasia.[1] Es la primera persona que ha solicitado al Estado Peruano por su derecho a morir dignamente cuando ella misma lo decida, obteniendo el fallo a favor del Poder Judicial el 22 de febrero de 2021.[2][3]
Biografía
A los doce años de edad le fue diagnosticada una polimiositis, un tipo de miopatía inflamatoria crónica y degenerativa. Sin embargo pudo completar sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ejercer la psicología como profesión.[1] Con 20 años empezó a desplazarse en silla de ruedas.[4]
En 2015 su situación clínica se complicó y tuvo que ser ingresada por una neumonía durante seis meses en cuidados intensivos del Hospital Rebagliati.[5] Los músculos de su garganta fallaron y tuvieron que practicarle una traqueotomía y una gastrostomía. Su situación degenerativa hace que dependa de cuidados permanentes y que pase más de 20 horas al día postrada en una cama, lo que la sumió en una grave depresión.[1][4]
Petición de muerte asistida
Desde 2019 ha solicitado al Estado peruano que le permitan acceder a una muerte asistida.[5] En enero abrió el blog «Ana busca la muerte digna» y en septiembre inició una campaña a través de Change.org.[6] La eutanasia en Perú es un delito tipificado en el artículo 112 del Código Penal como «homicidio piadoso» y que se castiga con hasta tres años de cárcel.[7] En su lucha tan solo la Defensoría del Pueblo ha apoyado su solicitud ante la justicia peruana.[8] En febrero de 2020 el órgano autónomo presentó una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Seguro Social de Salud (EsSalud), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que permita a Estrada morir dignamente.[7][9]
En enero de 2021 compareció por videoconferencia ante el 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.[10][11] Debido a la trascendencia del caso, el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán declaró que extendería al máximo el plazo de ley para emitir un fallo.[12]
El 25 de febrero de 2021 el Décimo Primer Juzgado Constitucional declaró que no se aplicase el artículo 112 del Código Penal para el caso de Estrada Ugarte —representada por la Defensoría del Pueblo—y ordenó al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y EsSalud respetar la decisión.[13]
En mayo de 2023 el Séptimo Juzgado Constitucional de Lima multó, por segunda vez, al Seguro Social de Salud (EsSalud) por incumplir con la presentación del plan y un protocolo de eutanasia para Estrada.[14] Tras la realización de esta documentación, Estrada realizó observaciones al protocolo, las cuales fueron aprobadas por EsSalud en enero de 2024.[15]
