Competencias
Según el artículo 43 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,[1] son competencias exclusivas del cabildo:
- La coordinación de los servicios municipales de la isla para garantizar su prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio insular, supliendo a los ayuntamientos cuando la insuficiencia de sus recursos impidan la prestación de los servicios municipales obligatorios o las funciones públicas establecidas en la LBRL.
- La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
- La prestación de servicios públicos supramunicipales.
- Aprobar los Planes Insulares de Obras y Servicios elaborados en colaboración con los ayuntamientos de cada isla. A tal fin, los ayuntamientos realizarán las propuestas de obras que afecten a su término municipal, que no podrán ser modificadas por el cabildo respectivo, salvo por causas justificadas y previa audiencia del ayuntamiento afectado.
- El fomento y administración de los intereses peculiares de la isla.
La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, transfiere a los cabildos las siguientes competencias:
- Las demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación de los municipios, previo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
- Funciones propias de las Agencias de Extensión Agraria.
- Granjas experimentales.
- Servicios forestales, vías pecuarias y pastos.
- Acuicultura y cultivos marinos.
- Protección del medio ambiente.
- Gestión y conservación de espacios naturales protegidos, en el marco de lo establecido en la legislación autonómica vigente.
- Caza.
- Infraestructura rural de carácter insular.
- Subrogación en las competencias municipales sobre el planeamiento urbanístico, de conformidad a lo establecido en la legislación sectorial vigente.
- Carreteras, salvo las que se declaren de interés regional, en el marco de lo que disponga la legislación sectorial autonómica. En las carreteras de interés regional, la explotación, uso y defensa y régimen sancionador.
- La gestión de puertos de refugio y deportivos, salvo que se declaren de interés regional.
- Obras hidráulicas que no sean de interés regional o general, conservación y policía de obras hidráulicas y administración insular de aguas terrestres en los términos que establezca la legislación sectorial autonómica.
- Transportes por carretera y por cable. Ferrocarriles, en el marco de los que disponga la normativa sectorial autonómica.
- Ferias y mercados insulares.
- Policía de espectáculos.
- Promoción y policía del turismo insular, salvo las potestades de inspección y sanción.
- Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Policía de vivienda.
- Conservación y administración del parque público de viviendas.
- Administración de las residencias de estudiantes establecidos en la isla.
- El fomento de la cultura, deportes, ocupación, ocio y esparcimiento en el ámbito insular.
- La conservación y administración del patrimonio histórico-artístico insular.
- Museos, bibliotecas y archivos que no se reserve para sí la comunidad autónoma.
- Fomento de la artesanía.
- Asistencia social y servicios sociales.
- Defensa del consumidor.
- Campañas de saneamiento zoosanitario.
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